El T.L.C. y el caso Uber (*) artículo publicado en el Periódico La Nación.

Autor:Esteban Agüero Guier (**)
El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y EE. UU. (el “TLC”) prevé en el capítulo 11, denominado Comercio transfronterizo de servicios, un marco normativo claro y preciso para regular el comercio de servicios entre los países parte.

Entre los principios y obligaciones básicas que conforman dicho capítulo se encuentra el que los países firmantes se comprometen a no adoptar medidas discriminatorias que restrinjan el acceso al mercado en cuanto al suministro y a la comercialización de los servicios en sus territorios.

La forma como opera el capítulo es mediante un enfoque de lista negativa: los principios y obligaciones de liberalización comercial se aplican conforme a las limitaciones y condiciones existentes en las legislaciones nacionales de las partes en el momento en que se negoció el TLC.

Cada país incorporó, mediante anexos, las medidas disconformes con los principios del tratado, y, consecuentemente, ninguno puede incrementar el grado de disconformidad posteriormente.

Lo anterior quiere decir, básicamente, que ninguna reforma a la ley que ocurra posterior a la entrada en vigor del TLC disminuirá el grado de conformidad con los servicios consolidados en el TLC, a menos que exista una enmienda al tratado, que esta sea aprobada por todos los países parte y que permita incluir una nueva medida disconforme, o bien cambiar una que ya se haya incluido.

Veamos el caso concreto de Uber. La eliminación de la figura del porteo de personas del artículo 323 del Código de Comercio, en el 2011, no debería tener efecto dadas las obligaciones que Costa Rica consolidó al negociar y aprobar el TLC, el cual, recordemos, fue aprobado mediante un referendo popular en el año 2007.

Es decir, este servicio estaba permitido por la ley y, por ende, nunca se incluyó como medida disconforme para evitar que se diera en el territorio nacional en el futuro.

Si la actividad a la que se dedica Uber en Costa Rica se considera un servicio de porteo de personas, y tomando en cuenta que dicha empresa es de capital de un país parte del TLC, las inversiones y su fin comercial están amparados por el marco legal del TLC, el cual tiene un rango superior a la ley ordinaria por ser un tratado internacional que estaría únicamente por debajo de la Constitución.

Bajo ese supuesto, el desconocimiento sobre el porteo a la luz de lo consolidado en el TLC, o bien la afectación de las inversiones que sucedan en nuestro país y que estén relacionadas con estos servicios, podrían tener como consecuencia el inicio de un arbitraje entre Estados al amparo del mecanismo de solución de controversias del TLC, o bien el inicio de un arbitraje internacional de inversión contra nuestro país por parte de la empresa cuyas inversiones en el marco del TLC se puedan ver afectadas.

Es importante entonces estudiar este punto con detenimiento para evitar hacer caer al país en un incumplimiento de sus obligaciones bajo el TLC.

(**)El autor es abogado, exnegociador y exdirector a cargo de la puesta en marcha del TLC del Ministerio de Comercio Exterior.
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Con base en el tema Fuentes del Derecho analice el anterior artículo.